La 68 Legislatura del Estado, con 20 votos a favor y 10 en contra, aprobó por mayoría calificada el dictamen del Fortalecimiento Financiero, en el que le autoriza al Poder Ejecutivo la contratación de créditos a largo plazo por 3 mil millones de pesos
“Por mayoría de votos se autorizó al Poder Ejecutivo del Estado realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 moneda nacional), más los recursos necesarios, para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva”, se indicó.
Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.
La diputada Carla Rivas Martínez, al presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho instrumento.
“Una vez autorizado el financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes”, añadió.
Se advirtió que los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP), deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
Construcción de vías de comunicación; división de terrenos y construcción de obras de urbanización; edificación no habitacional; instalación y equipamiento en construcciones; equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos; infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
Además, infraestructura y equipamiento en el sector salud, infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.
Cabe señalar que en los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión pública productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.
Finalmente, el Pleno aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal.
“Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios”, explicó.
